jueves, 7 de mayo de 2015

La historia del muro de la polémica en Barracas

Hace algunas semanas, el periodista Víctor Hugo Morales hizo públicas las imágenes de las amenazas que sufrió al realizar un informe sobre un muro que construyó el Grupo Clarín y que separa a una de sus plantas de la villa 21-24 de Barracas. Más allá de que la historia se difundió recientemente, por detrás existe un largo camino de denuncias y pasos judiciales.

“Es un muro construido hace mucho tiempo. Los vecinos los denunciaron en la Legislatura porteña hace poco más de dos años porque es absolutamente ilegal. Separa el barrio de la villa 21-24 e impide la normal circulación ya que la gente, para poder ir a otras calles, debe dar una vuelta manzana, por lo menos. Ese muro, que separa y segrega, fue construido por la grafica del diario Clarín y la calle Ascasubi quedó bloqueada, sin libre circulación”, contó María Elena Naddeo, actual directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

La ex Legisladora porteña dijo que la calle cerrada fue aprovechada por el diario para hacer un estacionamiento y que hasta pusieron una garita con una barrera en la otra punta, algo que debieron sacar después de la intervención judicial.

“Nosotros estudiamos los planos de catastro e hicimos pedidos de informes al Poder Ejecutivo y al área de Espacio Público para ver si se había autorizado la construcción del muro y quién lo hizo. Todos los informes daban como que ese muro no existía, por lo tanto, era absolutamente ilegal”, relató Naddeo en diálogo con “Resumiendo punto cuatro” por Radio Arinfo.

A partir de la denuncia de los vecinos, la entonces Legisladora dejó una nota en la Jefatura de Gobierno en el año 2013 pidiendo que se demoliera el muro. Como no obtuvo respuestas, presentó un amparo judicial que tardó dos años en resolverse.

“Hubo inspecciones oculares y recorridos. Además, la jueza Lidia Lago pidió informes y mandó oficios a todas las áreas. Finalmente, hubo una sentencia que ordena la demolición del muro, considerando que viola los derechos de los vecinos de Barracas y que impide libre circulación. El fallo también dice que el Gobierno de la Ciudad no puede ignorar su poder de policía y de control sobre el espacio público”, señaló.

Naddeo planteó que el fallo deja en claro que hubo una “apropiación indebida del espacio púbica” a partir de la construcción de una “barrera que segrega y discrimina a la población del barrio”. Asimismo, consideró que “hay un privilegio absolutamente particular sin ningún tipo de autorización que se usa en beneficio privado de la gráfica de Clarín”.

“El Gobierno de la Ciudad inesperadamente apeló la medida con el argumento de que ellos no construyeron el muro y que, por lo tanto, no se van a hacer cargo de los costos de la demolición. Eso ignora totalmente que se están violentando derechos de vecinos del barrio. Pensamos que la apelación no va a prosperar, pero que es dilatoria”, lamentó la funcionaria de la Defensoría desde los micrófonos de Radio Arinfo.

En esa línea, añadió un dato hasta ahora desconocido: “En medio de la denuncia, se supo algo peor. Uno de los edificios que bordea la calle Ascasub y, que es de Clarín, ha sido alquilado a Subterráneos de Buenos Aires , que pertenece a la Ciudad, hace un año por un valor altísimo, de 115 mil dólares por mes. Son galpones muy grandes, pero que no valen esa suma. Además, hay una connivencia y esto ya lo está investigando la Auditoria de la Ciudad. Los usan para albergar vagones en reparación. Es un dispendio, un derroche y otro privilegio para la empresa”

Finalmente, Naddeo estimó que la Justicia, aún con demoras, va a ratificar la orden de demolición del muro y dio su visión sobre la intimidación que sufrió Víctor Hugo Morales: “Allí hubo un manejo de punteros políticos que son respaldados por el sector oficialista de la Ciudad. Es gente enviada. Luego recapacitaron y pidieron disculpas a los amparistas. Me permito pensar que fueron enviados por gente politizada, que defiende a Clarín y al Gobierno de la Ciudad”.

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